El Gobierno rumano obtuvo la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la ley 5G en el formulario enviado al Parlamento, siendo el Senado la cámara decisoria en este caso, y de allí también debería surgir, al menos en teoría, una adopción sin enmiendas.
El gobierno rumano estableció mediante la ley 5G que cualquier empresa que suministre equipos para este tipo de redes debe obtener la autorización CSAT, y Huawei inició un intenso lobby para cambiar esta disposición, pero la Cámara de Diputados no quiso.
El gobierno rumano estipula que en 5 años los operadores deberán retirar de las redes los equipos de los productores que no hayan sido notificados por la CSAT, y en caso de no acción las multas se sitúan entre el 1% y el 5% del volumen de negocios de los operadores, por lo que decenas de millones de euros.
